Por Canuto  

Un caso penal en Polonia investiga cómo USD 330 millones enviados a intermediarios en Dubái terminaron vinculados a contratos de crudo venezolano que entregaron solo una fracción del petróleo prometido. Parte de un pago de USD $230 millones habría sido convertida en USDT, mientras tres exgerentes de Orlen enfrentan un juicio por contratos que, según los fiscales, causaron pérdidas cercanas a USD $378 millones.

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  • Orlen enfrenta un caso penal por tres contratos de crudo venezolano que, según los fiscales, provocaron un daño de aproximadamente USD 378 millones.
  • USD 330 millones fueron enviados a dos intermediarios en Dubái, mientras gran parte del petróleo contratado nunca llegó.
  • Tres exgerentes de Orlen y de su filial OTS enfrentan un juicio y podrían recibir penas de hasta 25 años de prisión si son condenados.

 

 

Polonia investiga un conjunto de contratos petroleros venezolanos que dejó a Orlen Trading Switzerland, filial suiza del grupo estatal Orlen, expuesta a una pérdida alegada de USD $378 millones.

El caso adquirió una dimensión adicional después de que reportajes rastrearan parte de un pago de USD $230 millones hasta operaciones realizadas con USDT, la stablecoin emitida por Tether. La investigación penal, sin embargo, se centra en las decisiones empresariales, la supervisión y la protección de los activos de Orlen, no en una acusación de que la criptomoneda haya causado por sí misma el perjuicio.

El 7 de agosto de 2026, fiscales de Varsovia informaron que tres exgerentes de Orlen y de su filial OTS enfrentarían un juicio por tres contratos firmados entre agosto y diciembre de 2023. Según la acusación, sus decisiones ocasionaron un daño aproximado de 1.500 millones de zlotys, equivalentes a USD $378 millones, tanto para Orlen como para su filial comercial. Los cargos aún deben ser probados ante un tribunal y los acusados podrían enfrentar penas de hasta 25 años de prisión si resultan condenados.

El expediente se relaciona con un acuerdo pactado a finales de 2023 para comprar cerca de seis millones de barriles de crudo venezolano Merey 16 por aproximadamente USD $345 millones. OTS adelantó unos USD $230 millones mediante la empresa Hannon International, registrada en Dubái, pero la mayor parte del petróleo contratado nunca fue entregada. Los buques fletados para transportar el crudo permanecieron durante un tiempo esperando cerca de Venezuela y luego abandonaron la zona sin completar los cargamentos previstos.

La dimensión total del perjuicio continúa siendo objeto de distintas estimaciones, por lo que resulta necesario separar las cifras oficiales del proceso penal de los cálculos más amplios. Los fiscales utilizan USD $378 millones como el daño presuntamente causado por los tres contratos, mientras que una estimación de aproximadamente USD $424 millones incluye gastos adicionales de transporte y honorarios legales. Esa diferencia no modifica los cargos, pero sí evita presentar como pérdida penal una cifra que incorpora costos relacionados.

El recorrido de los pagos hacia intermediarios en Dubái

La operación petrolera involucró transferencias superiores al anticipo asociado con Hannon International. Una investigación de Reuters señaló en 2024 que OTS envió un total de USD 330 millones a dos intermediarios con sede en Dubái: cerca de USD 230 millones a Hannon y otros USD $100 millones a Horizon Global. De acuerdo con fuentes citadas en ese reporte, la estatal venezolana Petróleos de Venezuela, conocida como PDVSA, no recibió el dinero que esperaba para asignar los cargamentos.

La falta de fondos para PDVSA habría impedido que OTS obtuviera la cantidad de crudo prevista en los contratos. Los operadores marítimos que habían sido contratados para el negocio acumularon costos mientras aguardaban instrucciones de carga y finalmente algunos partieron sin recibir los barriles programados. OTS solo habría conseguido una cantidad limitada del producto, una situación que convirtió el anticipo en el centro de las preguntas sobre controles internos y diligencia comercial.

El Financial Times informó que gran parte del tramo de USD $230 millones asociado con Hannon fue convertida posteriormente en USDT a través de una cadena de intermediarios. El reportaje describió a comerciantes que trasladaban información necesaria para ejecutar transacciones de activos digitales mientras intentaban organizar los pagos a intermediarios venezolanos. La información disponible no establece que esas conversiones hayan constituido por sí mismas un delito ni que expliquen, sin más, la pérdida comercial.

El uso de una stablecoin en una transacción petrolera añade complejidad al seguimiento de los fondos, pero no sustituye el análisis de los contratos ni de las obligaciones de cada contraparte. Los investigadores revisan quién autorizó los pagos, qué verificaciones se realizaron antes de aprobarlos y cómo se protegieron los recursos de Orlen cuando los cargamentos no fueron entregados. Esas preguntas forman parte del núcleo de la acusación contra los exgerentes.

USDT y los pagos petroleros de Venezuela

La aparición de USDT en esta operación coincide con una tendencia más amplia de PDVSA durante un periodo en el que las sanciones estadounidenses dificultaron el acceso de Venezuela a los canales bancarios convencionales. La empresa estatal comenzó a trasladar parte de sus transacciones de crudo y combustibles hacia la stablecoin, según reportes publicados en 2024. Funcionarios petroleros venezolanos habían señalado que los contratos podían utilizar distintas monedas y que los activos digitales podían resultar preferibles en algunas operaciones.

Reuters informó en abril de 2024 que PDVSA estaba moviendo gradualmente sus transacciones petroleras hacia Tether y que había comenzado a exigir a ciertos clientes nuevos mantener criptomonedas en billeteras digitales. Fuentes citadas por esa publicación indicaron que, para algunos cargamentos al contado, la compañía solicitaba un prepago de 50% en USDT cuando las restricciones estadounidenses volvían a complicar las rutas financieras. Ese modelo podía requerir más intermediarios, especialmente cuando bancos establecidos no procesaban los pagos solicitados.

Una stablecoin busca mantener un valor estable frente a una moneda de referencia, normalmente el dólar, y puede transferirse entre billeteras sin depender de una transferencia bancaria tradicional. Esa característica puede ofrecer rapidez y flexibilidad en mercados con restricciones financieras, aunque también exige controles sólidos sobre las contrapartes, la procedencia de los fondos, las sanciones y las condiciones contractuales. El caso polaco muestra que la velocidad de una transferencia digital no elimina los riesgos comerciales asociados con un contrato de suministro.

El uso reportado de intermediarios tampoco demuestra por sí solo una conducta ilegal. Cada transacción debe analizarse de acuerdo con sus circunstancias, las normas de cumplimiento aplicables y las obligaciones pactadas entre las empresas, mientras que las autoridades determinan si existieron negligencia, ocultamiento o incumplimientos. La actividad con USDT vinculada al acuerdo de Orlen no debe confundirse con la actividad minorista posterior del mercado venezolano.

La dependencia venezolana de USDT también se extendió fuera de las ventas petroleras. Datos de Ecoanalítica estimaron que el mercado entre pares de Binance en Venezuela procesó aproximadamente USD $1.389 millones en USDT entre el 11 de junio y el 13 de julio de 2026. Esa cifra corresponde a operaciones domésticas entre usuarios y no guarda relación directa con el proceso penal de Orlen, aunque ilustra la importancia que adquirieron los activos digitales en la economía venezolana.

Cargos contra exgerentes y proceso separado

La Fiscalía Regional de Varsovia acusó al exmiembro del consejo de Orlen Michał R., al exmiembro del consejo de OTS Marcin O. y al exejecutivo de Orlen y OTS Filip W. Los fiscales sostienen que actuaron conjuntamente al incumplir sus deberes de supervisión y al no proteger los intereses de Orlen y sus subsidiarias. El expediente incluye además una acusación separada contra uno de los implicados por la presunta ocultación de activos para evitar un posible embargo.

La Agencia de Seguridad Interior de Polonia, conocida como ABW, informó que los investigadores realizaron registros, interrogaron testigos, revisaron documentación y aseguraron activos pertenecientes a los sospechosos. La agencia confirmó que la investigación abarca los contratos celebrados entre agosto y diciembre de 2023. Estas actuaciones buscan reconstruir tanto la aprobación de los acuerdos como el recorrido de los pagos enviados a los intermediarios.

El caso del exdirector de OTS Samer A. permanece separado del proceso contra los tres exgerentes. La Fiscalía Nacional de Polonia indicó que fue detenido en Emiratos Árabes Unidos en enero de 2025, después de que las autoridades lo buscaran mediante una notificación roja de Interpol. El proceso relacionado con su eventual extradición no forma parte del juicio iniciado contra los otros acusados.

Los fiscales separaron el expediente de Samer porque el proceso de extradición no había concluido cuando los otros acusados fueron enviados a juicio. Las autoridades polacas habían situado inicialmente las pérdidas conectadas con Samer y otros ejecutivos en unos USD 370 millones, antes de utilizar la cifra actualizada de USD $378 millones para los tres contratos. El desarrollo de su caso seguirá una vía distinta del proceso contra los tres exgerentes.

La investigación todavía debe establecer responsabilidades individuales y determinar si las decisiones empresariales infringieron obligaciones legales o de gobierno corporativo. Los cargos contra los tres exgerentes son alegaciones, y cualquier condena dependerá de las pruebas presentadas ante el tribunal. Mientras tanto, el rastro de los pagos en USDT constituye una pieza relevante para reconstruir la operación, pero no reemplaza el análisis de la entrega de petróleo, los controles internos y la actuación de cada intermediario.

El caso también plantea una advertencia para las empresas que utilizan activos digitales en operaciones internacionales de materias primas. Las transferencias en blockchain pueden dejar registros verificables, pero la trazabilidad técnica no garantiza que un comprador reciba el producto contratado ni que los intermediarios cumplan sus obligaciones. En el expediente de Orlen, la pregunta central sigue siendo cómo se aprobó un anticipo millonario sin asegurar la entrega de la mayor parte de los barriles previstos.

Imagen original de DiarioBitcoin, creada con inteligencia artificial, de uso libre, licenciada bajo Dominio Público

Este artículo fue escrito por un redactor de contenido de IA

 


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