Por Canuto  

La Casa Blanca anunció que retira casi USD $1.000 millones en gastos aprobados por el Congreso. La maniobra, conocida como rescisión de bolsillo, recibió críticas de legisladores republicanos y demócratas que cuestionan su legalidad.
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  • La Casa Blanca anunció cancelaciones en fondos para servicios a migrantes, programas de vivienda y becas de educación internacional.
  • Susan Collins afirmó que el Congreso recibió aviso sobre USD $810 millones sin advertencia ni consulta y criticó la retención de fondos.
  • La administración ya empleó esta táctica el año pasado para cancelar USD $4.900 millones en ayuda exterior; la Corte Suprema permitió temporalmente retener parte de esos fondos, pero no resolvió el fondo legal.

Trump retira casi USD $1.000 millones en gastos aprobados por el Congreso y desata críticas

Una cancelación de fondos con varios destinos

La Casa Blanca anunció el viernes por la noche que el presidente Donald Trump cancelaría casi USD $1.000 millones en gastos que el Congreso había aprobado. La decisión abarca partidas destinadas a servicios para refugiados, asilados y otros migrantes, además de programas de vivienda, becas y otras iniciativas vinculadas con inmigrantes y personas que no son ciudadanas estadounidenses. La administración defendió la medida como parte de sus esfuerzos por reducir gastos que considera dañinos o innecesarios.

La partida más grande mencionada corresponde a USD $567 millones para servicios de refugiados, asilados y otros migrantes a través del Departamento de Salud y Servicios Humanos. La Casa Blanca también anunció la rescisión de USD $50 millones para otros programas de asistencia a inmigrantes y no ciudadanos, USD $70 millones para becas y subvenciones de educación internacional que calificó como “woke” y USD $56 millones para programas del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano.

Las cifras detalladas en el anuncio suman USD $743 millones, mientras que la Casa Blanca describió el paquete general como una cancelación de casi USD $1.000 millones. Por su parte, la senadora republicana Susan Collins dijo que los legisladores recibieron información sobre USD $810 millones en rescisiones de bolsillo; las cifras reportadas, por tanto, no coinciden entre sí y la información disponible no explica esa diferencia.

En una declaración, la Casa Blanca sostuvo que Trump está comprometido a emplear todas las herramientas posibles para recortar el gasto gubernamental que, según la administración, no beneficia a los ciudadanos estadounidenses. Esa justificación refleja la postura política del Ejecutivo, pero no resuelve la controversia sobre si puede dejar sin efecto asignaciones aprobadas por el Congreso sin obtener antes el aval de los legisladores.

La disputa por la rescisión de bolsillo

La administración busca recuperar los fondos mediante una maniobra que se conoce como “rescisión de bolsillo”. Bajo ese mecanismo, el presidente notifica al Congreso, poco antes del cierre del año fiscal, que no pretende gastar fondos que los legisladores ya asignaron; la proximidad de la fecha límite puede impedir que el Congreso complete el proceso para decidir sobre la propuesta.

La Ley de Control de Apropiaciones permite al presidente proponer rescisiones de autoridad presupuestaria, y el Congreso dispone de 45 días legislativos para aprobarlas. El punto controvertido es el momento de la notificación: si llega al final del año fiscal, los fondos pueden quedar efectivamente retenidos hasta que expiren, antes de que los legisladores alcancen a aprobar o rechazar la propuesta.

El año fiscal termina el miércoles, según la información divulgada con el anuncio, lo que sitúa la operación cerca del vencimiento de las partidas. Esa coincidencia temporal es central en las críticas: quienes cuestionan el método sostienen que la administración puede conseguir por la vía de los plazos un resultado que normalmente requeriría la aprobación del Congreso.

La disputa no gira únicamente en torno a la prioridad que el gobierno asigna a esos programas, sino también a quién tiene autoridad para decidir sobre el dinero aprobado. La Casa Blanca presenta la rescisión como una herramienta para reducir gasto, mientras que sus críticos consideran que retener apropiaciones al margen de la aprobación legislativa vulnera los límites legales sobre el poder presidencial.

Las objeciones de legisladores republicanos y demócratas

Collins, senadora por Maine y presidenta del Comité de Asignaciones del Senado, cuestionó la medida en un comunicado difundido el viernes. Dijo que los legisladores fueron informados de USD $810 millones en rescisiones de bolsillo “sin advertencia ni consulta” y sostuvo que la Oficina de Gestión y Presupuesto de la Casa Blanca habría retenido intencionalmente los fondos durante meses para facilitar su cancelación.

La senadora calificó la operación como una cancelación ilegal de apropiaciones aprobadas de forma bipartidista y convertidas en ley. También señaló que la Oficina de Responsabilidad del Gobierno de Estados Unidos ha considerado ilegales las rescisiones de bolsillo y afirmó que cualquier intento de rescindir fondos apropiados sin la aprobación del Congreso constituye una violación clara de la ley.

Collins agregó que trabajaría con sus colegas para responder a estas acciones, una crítica significativa porque procede de una legisladora republicana que encabeza un comité clave para el presupuesto. La información también indica que se presenta a la reelección este año, aunque su declaración se centró en la autoridad del Congreso y en la legalidad de la maniobra.

Desde la Cámara de Representantes, Rosa DeLauro, demócrata de Connecticut y principal integrante de su partido en el Comité de Asignaciones, acusó a la administración de intentar “robar más dinero prometido a comunidades de todo el país”. Su reproche coincide con el de Collins en la objeción al procedimiento, aunque ambas legisladoras pertenecen a partidos distintos y expresaron sus críticas desde sus propias posiciones políticas.

Un antecedente reciente y un litigio sin decisión definitiva

Esta no es la primera vez que la administración de Trump utiliza la rescisión de bolsillo para cancelar gastos aprobados por el Congreso. El año pasado recurrió a la misma táctica para eliminar USD $4.900 millones en fondos de ayuda exterior, en lo que fue la primera rescisión de bolsillo desde 1977, durante la administración de Jimmy Carter.

La medida anterior provocó un desafío judicial de organizaciones y empresas que recibían financiamiento para proyectos de ayuda exterior. El litigio llevó la disputa más allá de las relaciones entre el Ejecutivo y el Congreso, pues los beneficiarios cuestionaron las consecuencias de perder recursos que ya estaban destinados a sus actividades.

En septiembre de 2025, la Corte Suprema permitió temporalmente que la administración retuviera cerca de USD $4.000 millones en ayuda exterior en disputa. La decisión, descrita por CNN en Español como una autorización provisional, no resolvió de manera definitiva la cuestión legal sobre el uso de rescisiones de bolsillo.

Desde su regreso al cargo el año pasado, Trump ha intentado cancelar gastos de programas que no coinciden con sus prioridades políticas, y esas decisiones han generado demandas judiciales. El nuevo anuncio vuelve a poner bajo escrutinio la frontera entre la facultad del Ejecutivo para proponer recortes y la responsabilidad del Congreso de aprobar el gasto federal, justo cuando el vencimiento del año fiscal estrecha el plazo para actuar.


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