Por Canuto  

Donald Trump aceptó una parte central de una propuesta ética que busca destrabar la ley Clarity Act, un amplio proyecto regulatorio sobre criptomonedas que enfrentará una votación clave en el Senado de Estados Unidos. El acuerdo permitiría intervenir a fiscales generales estatales, exigir la desinversión o un fideicomiso ciego para ciertos intereses cripto y demandar a exchanges que listen activos prohibidos.
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  • Trump respaldó cerca del 80% de una propuesta impulsada por los senadores Thom Tillis y Ruben Gallego para reforzar las reglas éticas del proyecto cripto.
  • La versión revisada exigiría desinvertir o colocar en un fideicomiso ciego cualquier interés financiero significativo en emisores de criptomonedas.
  • Los fiscales generales estatales podrían demandar a exchanges que coticen activos digitales prohibidos por la legislación, si el proyecto se convierte en ley.

El presidente Donald Trump aceptó una parte sustancial de una propuesta ética bipartita vinculada con un amplio proyecto de ley sobre criptomonedas, según tres de los principales autores republicanos de la iniciativa. El acuerdo llega antes de una votación clave prevista para esta semana y busca reunir los apoyos necesarios para que la legislación avance en el Senado de Estados Unidos. La medida, conocida como Clarity Act, incorpora nuevas restricciones sobre los intereses financieros de funcionarios y amplía los mecanismos de cumplimiento previstos inicialmente.

La versión original del proyecto incluía una prohibición dirigida a funcionarios electos federales, sus cónyuges y jueces federales, quienes no podrían emitir activos digitales. Sin embargo, un grupo central de demócratas y el senador republicano Thom Tillis, de Carolina del Norte, consideraron insuficiente esa fórmula para resolver sus preocupaciones sobre posibles conflictos de interés relacionados con la riqueza cripto de Trump. Sus votos resultan necesarios para superar una votación decisiva programada para este martes.

De acuerdo con la información publicada por Associated Press, las negociaciones se concentraron en dar mayor alcance a la aplicación de las reglas éticas y en limitar los intereses financieros que podrían comprometer la imparcialidad de los funcionarios. Los senadores Cynthia Lummis, de Wyoming, Tim Scott, de Carolina del Sur, y John Boozman, de Arkansas, anunciaron que el acuerdo concede un papel significativo a los fiscales generales estatales. Esa participación quedaría condicionada a que el proyecto sea aprobado y se convierta en ley.

El acuerdo que busca salvar la votación

Tillis y el senador demócrata Ruben Gallego, de Arizona, junto con otros legisladores demócratas, habían exigido que los fiscales generales estatales pudieran intervenir en la aplicación de la norma, además del Departamento de Justicia. La petición pretendía evitar que el cumplimiento de las nuevas reglas quedara concentrado exclusivamente en las autoridades federales. En la práctica, la incorporación de los fiscales estatales ampliaría el número de actores con capacidad para cuestionar conductas de funcionarios o empresas vinculadas con activos digitales.

Los tres senadores republicanos describieron la participación de las autoridades estatales como un elemento relevante del pacto alcanzado con la Casa Blanca. Patrick Witt, asesor de criptomonedas de la Casa Blanca, afirmó que los republicanos respondieron durante las negociaciones a los objetivos políticos planteados por los demócratas. En un mensaje publicado el domingo por la noche, Witt sostuvo que después de más de un año de conversaciones había llegado el momento de aprobar el proyecto bipartita.

El acuerdo no implica que todas las exigencias de Tillis y Gallego hayan sido aceptadas. Un alto asistente republicano, que habló con periodistas bajo condición de anonimato, dijo que Trump había respaldado aproximadamente el 80% de la propuesta presentada por ambos senadores. El funcionario señaló que la disposición sobre los fiscales generales estatales constituía el componente principal de la concesión presidencial.

La votación adquiere importancia porque la legislación necesita combinar apoyos republicanos y demócratas para avanzar en el Senado. Los desacuerdos sobre ética habían amenazado con bloquear un proyecto más amplio sobre la estructura regulatoria de los activos digitales. Con el nuevo lenguaje, los negociadores esperan reducir las objeciones relacionadas con los posibles beneficios privados de funcionarios que participen en la definición o supervisión del mercado cripto.

Nuevas obligaciones para los intereses cripto

La versión actualizada del proyecto, que los legisladores esperaban divulgar el domingo por la noche, incluiría una obligación de desinvertir o utilizar un fideicomiso ciego para cualquier interés financiero significativo en una entidad emisora de criptomonedas. La medida buscaría separar las decisiones oficiales de las inversiones personales de funcionarios alcanzados por la norma. El texto disponible no define en detalle qué cantidad o participación sería considerada significativa.

Un fideicomiso ciego permite que un tercero administre determinados activos sin que el beneficiario tome decisiones directas sobre su composición, aunque la estructura no elimina necesariamente todo vínculo económico. En el contexto de la propuesta, el objetivo sería reducir la posibilidad de que una persona influya en políticas que puedan aumentar el valor de sus propias inversiones. La exigencia se suma a la prohibición inicial relacionada con la emisión de activos digitales.

La propuesta también permitiría que los fiscales generales estatales demanden a un exchange si la plataforma cotiza un activo digital que estaría prohibido bajo el proyecto general. Esa facultad introduciría una vía de litigio adicional contra las empresas del sector, especialmente cuando una autoridad estatal interprete que una plataforma ofreció un activo incompatible con la nueva legislación. El asistente republicano presentó esta disposición como otra parte del acuerdo aceptado por Trump.

El alcance práctico de esa autoridad dependerá del texto definitivo y de la forma en que el Congreso redacte las prohibiciones aplicables a los activos digitales. La información disponible no precisa cuáles tokens o categorías quedarían prohibidos, ni establece cómo se coordinarían las acciones estatales con el Departamento de Justicia. Por ello, el contenido final de la ley será determinante para conocer el nivel de exposición jurídica de los exchanges.

Las dudas políticas detrás de la aplicación estatal

La Casa Blanca había expresado en privado reservas sobre conceder poderes de cumplimiento a los fiscales generales estatales. Según dos personas familiarizadas con las discusiones, funcionarios del gobierno temían que fiscales generales demócratas utilizaran la autoridad como un arma política contra Trump y otros funcionarios republicanos. También advertían que fiscales generales republicanos podrían emplear la misma herramienta contra legisladores demócratas.

Estas objeciones reflejan una disputa más amplia sobre quién debe hacer cumplir las reglas que regulan el mercado de criptomonedas. El Departamento de Justicia ofrece una estructura federal común, mientras que la intervención estatal puede producir acciones paralelas y distintas interpretaciones jurisdiccionales. Para los demócratas que impulsaron la modificación, sin embargo, limitar la aplicación a las autoridades federales no respondía de manera suficiente a sus preocupaciones sobre conflictos de interés.

La discusión también coloca a los exchanges en una posición especialmente sensible dentro de la propuesta. Una plataforma podría enfrentar una demanda estatal si lista un activo que la ley considere prohibido, aun cuando la empresa opere en varios estados y deba interpretar reglas federales complejas. Sin conocer el texto definitivo, no es posible anticipar si la norma establecerá criterios uniformes, mecanismos de coordinación o límites a las acciones de los fiscales.

Los asistentes de Gallego y Tillis no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios sobre el acuerdo. Su posición será relevante para determinar si las concesiones obtenidas bastan para asegurar su respaldo en la votación. Mientras tanto, los republicanos presentan el pacto como una respuesta a las preocupaciones demócratas, aunque todavía queda pendiente el debate legislativo sobre el alcance exacto de las obligaciones y las sanciones.

Qué puede ocurrir con la Clarity Act

La Clarity Act forma parte de un esfuerzo legislativo más amplio para establecer reglas sobre activos digitales y definir responsabilidades para los participantes del mercado. En esta etapa, la controversia no se limita a la clasificación de las criptomonedas o a la supervisión de los exchanges, sino que incluye la conducta financiera de quienes ocupan cargos públicos. El acuerdo anunciado busca demostrar que la legislación puede incorporar salvaguardas éticas sin perder el respaldo de la mayoría necesaria.

El siguiente paso será la presentación de la versión revisada y su evaluación por los senadores antes de la votación clave del martes. Cualquier cambio adicional en las disposiciones sobre desinversión, fideicomisos ciegos o demandas estatales podría modificar el equilibrio alcanzado entre los negociadores. También será necesario observar si los legisladores aceptan que el texto concede a las autoridades estatales un papel significativo, pero no necesariamente ilimitado, en el cumplimiento de la ley.

Para el sector cripto, la aprobación de la propuesta podría aumentar la incertidumbre operativa durante el periodo de adaptación a las nuevas reglas. Los emisores y exchanges tendrían que revisar sus relaciones con funcionarios, sus procedimientos de listado y la documentación relacionada con los activos ofrecidos al público. No obstante, la noticia no confirma la aprobación definitiva del proyecto ni permite concluir qué obligaciones específicas entrarían en vigor.

El resultado dependerá de la votación y de las negociaciones posteriores, además de cualquier modificación que pueda surgir durante el proceso legislativo. Por ahora, Trump ha aceptado una parte importante de la propuesta ética, mientras los senadores intentan convertir ese compromiso político en un texto capaz de reunir suficientes votos. La incorporación de fiscales estatales y las reglas sobre intereses financieros serán los principales puntos de atención antes de que el Senado decida el futuro inmediato de la legislación cripto.

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Este artículo fue escrito por un redactor de contenido de IA y revisado por un editor humano para garantizar calidad y precisión.


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