Por Canuto  

La administración del presidente Donald Trump propuso redefinir quién cuenta como residente en el censo de 2030, una medida que podría alterar la representación política, los mapas electorales y la distribución de fondos federales, además de eliminar preguntas sobre raza, etnia y orientación sexual.
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  • La propuesta excluiría a inmigrantes indocumentados y posiblemente a ciertos residentes legales del cálculo usado para repartir los 435 escaños de la Cámara.
  • La Oficina del Censo también plantea retirar preguntas sobre raza, etnia y orientación sexual de sus formularios principales.
  • La iniciativa revive la disputa legal de 2020 y ya recibió críticas de la fiscal general de Nueva York, Letitia James.

 

Una redefinición con consecuencias políticas

La administración del presidente Donald Trump propuso una revisión profunda de las reglas que determinarán quién cuenta como residente de Estados Unidos en el censo de 2030. La iniciativa contempla excluir a los inmigrantes que se encuentran ilegalmente en el país de los totales de población utilizados para distribuir los escaños de la Cámara de Representantes entre los estados, según una regla publicada por la Oficina del Censo. El cambio rompería con una práctica aplicada durante más de dos siglos, basada principalmente en el lugar donde vive una persona y no en su ciudadanía o estatus migratorio.

La propuesta también podría alcanzar a personas que permanecen legalmente en Estados Unidos, pero carecen de la condición de residente permanente legal. La Oficina del Censo planteó contar a quienes poseen una tarjeta de residencia y excluir a los inmigrantes indocumentados, además de evaluar otros estatus considerados menos duraderos o indefinidos. Como todavía no ha definido con precisión qué categorías migratorias quedarían fuera, el alcance final de la medida permanece abierto y podría superar los intentos anteriores de Trump, detalla Yahoo.

El censo decenal no funciona únicamente como un registro estadístico, porque sus resultados determinan cómo se reparten los 435 escaños de la Cámara entre los estados. Los datos también sirven como base para rediseñar los mapas del Congreso y para calcular cuánto dinero federal recibe cada jurisdicción, de modo que una modificación en la población contabilizada tendría efectos políticos y presupuestarios. La redistribución podría afectar especialmente a los estados con grandes comunidades inmigrantes, aunque la fuente no ofrece una estimación concreta del número de personas potencialmente excluidas.

La Oficina del Censo justificó el cambio al sostener que los inmigrantes indocumentados no deberían calificar como residentes habituales por su falta de un vínculo y una lealtad suficientes con Estados Unidos. Esa interpretación se aparta del lenguaje de la Decimocuarta Enmienda, que ordena distribuir los escaños mediante el recuento del número total de personas en cada estado, en lugar de limitarlo a los ciudadanos. Precisamente esa diferencia entre personas, ciudadanos y residentes migratorios promete convertirse en el eje de una nueva disputa constitucional.

La enumeración de 2030 requiere preparación con varios años de anticipación y no depende únicamente de quién ocupe la presidencia cuando se realice el conteo. La propuesta muestra que la administración Trump busca influir desde ahora en las definiciones, los formularios y las fuentes de información que utilizará el gobierno. El resultado podría cambiar la manera en que Washington representa a las comunidades y distribuye recursos mucho después de que termine el mandato presidencial que impulsó la iniciativa.

Raza, etnia y el antecedente de 2020

En un cambio separado, la Oficina del Censo propuso prohibir las preguntas sobre raza y etnia en el formulario censal corto y en otros cuestionarios empleados para enumerar a la población. La regla también impediría preguntar sobre orientación sexual, aunque históricamente el censo no había recopilado de forma general ese dato. En 2020 sí incluyó preguntas sobre las personas que vivían con parejas del mismo sexo, una diferencia que la nueva propuesta incorporaría a su revisión de los formularios.

La eliminación de esas preguntas tendría consecuencias para la disponibilidad de datos utilizados en la redistribución de distritos y en la aplicación de la Ley de Derecho al Voto y otras normas de derechos civiles. La oficina sostiene que podría obtener información demográfica a través de registros administrativos y que conservaría la posibilidad de formular esas preguntas en otras encuestas. Sin embargo, reemplazar respuestas directas por registros de agencias como Seguridad Nacional, el Departamento del Tesoro y el Departamento de Estado abriría interrogantes sobre cobertura, actualización y consistencia de los datos.

En su justificación, la Oficina del Censo citó decisiones judiciales recientes relacionadas con la raza y el impulso general de la administración Trump contra los programas de diversidad, equidad e inclusión. El documento también menciona la sensibilidad potencial de las preguntas sobre raza, etnia y orientación sexual, así como las dudas sobre el significado, la importancia y el impacto de clasificar a las personas mediante esas categorías. La discusión no se limita a una cuestión de diseño estadístico, porque los datos han servido durante décadas para identificar desigualdades y hacer cumplir protecciones legales.

La propuesta revive el conflicto que marcó el primer mandato de Trump, cuando su administración intentó excluir a los inmigrantes indocumentados de las cifras empleadas para distribuir los escaños de la Cámara tras el censo de 2020. El esfuerzo enfrentó varios desafíos legales y finalmente fracasó después de que la administración de Joe Biden abandonara los planes de no incluir a todas las personas presentes en Estados Unidos. La publicación de los resultados de 2020 también se retrasó hasta el mandato de Biden por demoras asociadas con la pandemia.

Durante aquella controversia, el director de la Oficina del Censo designado por Trump y confirmado por el Senado en 2019 renunció al comienzo del mandato de Biden. Su salida ocurrió después de protestas de legisladores demócratas y de un informe de un organismo fiscalizador que señaló que presionaba a empleados para acelerar la exclusión de inmigrantes no autorizados del recuento. En agosto de 2025, Trump también dijo que ordenaría un nuevo censo y que las personas que estuvieran ilegalmente en el país no serían contadas, aunque la administración finalmente no llevó adelante esa idea.

La reacción y los próximos obstáculos

La fiscal general de Nueva York, Letitia James, criticó el cambio propuesto y anunció que su oficina analiza opciones legales para responder. James afirmó que la Constitución es clara y que toda persona que viva en Estados Unidos debe ser contada en el censo sin importar su estatus migratorio, además de recordar que Nueva York había detenido los ataques de la administración Trump contra el recuento en 2020. Su declaración anticipa que los estados con grandes poblaciones inmigrantes podrían convertirse nuevamente en protagonistas de la disputa judicial.

El debate también dependerá de cómo la Oficina del Censo convierta la propuesta general en criterios operativos verificables. La agencia todavía estudia cómo determinar el estatus de cada persona y qué registros gubernamentales podrían utilizarse para tomar esas decisiones, un proceso que podría involucrar información de varias instituciones federales. La falta de una definición final impide calcular con exactitud cuántos residentes resultarían afectados, pero amplía la incertidumbre sobre la forma en que se produciría el recuento.

La discusión tiene una dimensión institucional porque el censo debe combinar una operación nacional con reglas que puedan aplicarse de manera uniforme en todos los estados. Si la oficina excluyera a residentes legales cuyos permisos no fueran considerados suficientemente duraderos, la controversia dejaría de concentrarse únicamente en la inmigración irregular. También surgirían preguntas sobre cómo tratar a personas con situaciones migratorias cambiantes, solicitudes pendientes o autorizaciones temporales, aunque la fuente no especifica qué categorías serían finalmente incluidas o excluidas.

Los datos censales influyen además en la distribución de fondos federales y en la planificación pública, por lo que la modificación no afectaría únicamente al tamaño de las delegaciones estatales en Washington. Las autoridades locales, los legisladores y las organizaciones de derechos civiles utilizan las cifras para evaluar necesidades de infraestructura, servicios y protección electoral, mientras que los mapas legislativos dependen de la población contabilizada. Por esa razón, retirar preguntas demográficas o excluir grupos completos podría alterar tanto la representación formal como la capacidad de medir desigualdades dentro de cada estado.

El siguiente paso será el proceso administrativo y legal que defina si la regla puede aprobarse e implementarse para 2030. La administración deberá precisar sus criterios migratorios, explicar cómo protegerá la calidad de los registros y responder a las objeciones basadas en la Decimocuarta Enmienda y en las leyes de derechos civiles. Mientras tanto, la propuesta convierte al próximo censo en un nuevo campo de batalla sobre quién pertenece a la población política de Estados Unidos y qué información puede recopilar el gobierno sobre sus habitantes.

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Este artículo fue escrito por un redactor de contenido de IA y revisado por un editor humano para garantizar calidad y precisión.


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