Por Canuto  

Una solicitud para que CISA adquiriera y hackeara en secreto una máquina de votación sorprendió a empleados de carrera, según ProPublica. El episodio se suma a la salida de cerca de 1.000 trabajadores, a una propuesta presupuestaria para 2027 que plantea recortar USD 707 millones y a la inquietud sobre la capacidad federal para apoyar la seguridad electoral antes de las elecciones intermedias de 2026.
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  • Dos exfuncionarios dijeron que designados políticos del Departamento de Seguridad Nacional pidieron a CISA comprar y examinar en secreto una máquina de votación, sin alertar al fabricante.
  • Cerca de 1.000 trabajadores habían salido de CISA, alrededor de un tercio de su plantilla; la propuesta presupuestaria para 2027 plantea recortar USD 707 millones.
  • Autoridades estatales expresaron desconfianza después de que se divulgaron registros sensibles y cuestionaron que el plan electoral de CISA llegara demasiado tarde.

CISA perdió terreno en seguridad electoral mientras crecía la desconfianza de los estados

Una petición para que la agencia adquiriera y hackeara en secreto una máquina de votación alarmó a empleados de carrera, según un reportaje de ProPublica. El episodio refleja la tensión entre las declaraciones de preocupación por la seguridad electoral y el debilitamiento de la entidad federal encargada de apoyar a los estados.

Una solicitud que chocó con las prácticas de CISA

A pocos meses del inicio del segundo mandato de Donald Trump, designados políticos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) plantearon a la Agencia de Seguridad de Infraestructura y Ciberseguridad (CISA) una operación inusual: comprar una máquina de votación, examinarla y entregar los resultados a la Casa Blanca. Dos exfuncionarios con conocimiento de la solicitud dijeron a ProPublica que la agencia debía mantener la adquisición en secreto y no avisar al fabricante si encontraba vulnerabilidades, una condición que contradecía sus prácticas habituales.

La propuesta desconcertó a empleados de carrera porque CISA suele ayudar a identificar y corregir debilidades, no a ocultarlas de quienes pueden solucionarlas. Un exfuncionario dijo que temió que los hallazgos pudieran utilizarse más adelante para impugnar resultados electorales desfavorables para el gobierno; describió la idea como contraria a la misión de la agencia.

Los trabajadores explicaron a los designados que la operación no era viable, entre otras razones porque el Departamento de Eficiencia Gubernamental impulsado por Elon Musk había despedido recientemente a agentes con capacidad para ejecutarla. Los funcionarios políticos dejaron de insistir y, de acuerdo con el reportaje, la solicitud no avanzó, pero el episodio alimentó la inquietud interna sobre el posible uso político de la agencia.

La controversia ocurre mientras Trump ha repetido advertencias sobre la vulnerabilidad de las elecciones y afirmaciones desacreditadas sobre votaciones anteriores. La Casa Blanca defendió su gestión y sostuvo que el presidente ha hecho más que sus antecesores para garantizar elecciones libres y justas; remitió las preguntas específicas sobre CISA al DHS, que no respondió a las solicitudes de entrevista ni a una lista detallada de preguntas.

Menos personal y menor apoyo a los estados

Desde el regreso de Trump a la Casa Blanca en enero de 2025, alrededor de 1.000 trabajadores habían salido de CISA, cerca de un tercio de la plantilla, según la información citada por ProPublica. La propuesta presupuestaria presidencial para 2027 plantea reducir los recursos de la agencia en USD 707 millones, una medida que podría obligar a eliminar otros 900 puestos.

Los recortes afectan una labor que la agencia había construido junto con autoridades estatales y fabricantes de máquinas de votación desde su creación como entidad independiente en 2018. CISA ofrecía pruebas de penetración para detectar fallas, ejercicios de preparación ante incidentes, sesiones informativas confidenciales con secretarios de Estado e información de inteligencia sobre amenazas cibernéticas.

También financiaba sensores que monitoreaban redes electorales en busca de actividad inusual y avisaban a los responsables estatales ante posibles riesgos. Algunos estados han destinado recursos propios a tecnologías para cubrir parte de ese vacío, pero funcionarios y expertos advierten que no pueden reemplazar por cuenta propia ciertos servicios federales, como la inteligencia sobre actores extranjeros.

Ryan Macias, especialista en tecnología electoral y ciberseguridad que trabajó como consultor de CISA, afirmó que la agencia prácticamente no estuvo presente durante la preparación de los comicios de 2026. Según su evaluación, la pérdida de actividad no fue simplemente una reducción de prioridades: ocurrió cuando los estados normalmente ya habrían completado buena parte de su planificación para las elecciones intermedias.

Una relación de confianza dañada

La seguridad electoral no siempre formó parte de las responsabilidades del DHS. Tras una serie de ciberataques contra organismos federales, el gobierno comenzó a reforzar la protección de infraestructura crítica; en enero de 2017, las elecciones estadounidenses recibieron esa designación y quedaron bajo la atención de la oficina que luego se convertiría en CISA.

La agencia tuvo que convencer a estados y fabricantes de que la información sobre vulnerabilidades se mantendría confidencial, porque temían que divulgarla facilitara ataques. Derek Tisler, del Centro Brennan para la Justicia, señaló que construir relaciones de trabajo requirió años de conversaciones, contratación de especialistas electorales y esfuerzos para demostrar que las intervenciones de CISA podían ser útiles.

Ese trabajo adquirió relevancia durante la elección de 2020, cuando Trump rechazó su derrota ante Joe Biden y difundió acusaciones de fraude. CISA, secretarios de Estado y fabricantes de máquinas publicaron entonces una declaración conjunta que describió la votación como la más segura en la historia del país, mientras el director Chris Krebs refutaba afirmaciones promovidas por la Casa Blanca y Trump lo despedía.

La confianza también se deterioró cuando la administración divulgó registros electorales sensibles que los estados habían compartido con la agencia, incluido material sobre comunicaciones del Día de la Elección de 2020. Geoff Hale, exintegrante del equipo electoral de CISA, sostuvo que esa publicación traicionó la confianza de los socios; la Casa Blanca negó haber incumplido acuerdos y presentó la divulgación como un acto de transparencia.

Estados preocupados por la capacidad de respuesta

La desconfianza se extendió más allá de la publicación de documentos. En un discurso sobre seguridad electoral pronunciado el 16 de julio, Trump volvió a plantear afirmaciones que funcionarios y expertos ya habían refutado; algunos participantes de una conferencia de secretarios de Estado temían que anunciara una emergencia nacional, aunque varios asistentes dijeron que luego consideraron sus declaraciones poco convincentes.

El reportaje también reseña otros episodios que inquietaron a empleados y autoridades, entre ellos la carga de registros en ChatGPT por parte del entonces director interino de CISA, Madhu Gottumukkala, pese a que el DHS había prohibido a sus trabajadores utilizar ese programa. Además, CISA publicó por error en GitHub información privada que incluía contraseñas y claves de servicios en la nube; un portavoz afirmó que no había indicios de que los datos se hubieran visto comprometidos.

En Missouri, funcionarios electorales prepararon un memorando en 2025 sobre llamadas de Andrew McCoy Warner, funcionario del Departamento de Justicia y promotor de teorías conspirativas sobre la elección de 2020, quien habría pedido acceso a máquinas de votación. Por separado, Tulsi Gabbard, entonces directora de inteligencia nacional, encabezó una operación para incautar equipos electorales en Puerto Rico; al testificar ante el Congreso, dijo que actuó a petición de un fiscal asistente federal.

El secretario de Estado de Arizona, Adrian Fontes, dijo que su estado quedó prácticamente por su cuenta y que no confiaba en Nick Andersen, quien había sustituido a Gottumukkala como director interino. En una videollamada con funcionarios estatales, Andersen presentó el plan de seguridad que preparaba el DHS y atribuyó problemas y quiebras de confianza al cierre del gobierno federal en otoño de 2025, según personas presentes citadas por ProPublica.

Un plan tardío ante las elecciones de 2026

CISA publicó el 24 de septiembre el 2026 Election Infrastructure Security Plan, un documento de 13 páginas en el que reafirmó su compromiso con la misión y prometió colaborar con los estados. Sin embargo, varias autoridades consideraron que el plan llegó demasiado tarde para recuperar el trabajo que la agencia solía hacer durante la preparación previa a los comicios.

La secretaria de Estado de Maine, Shenna Bellows, dijo que recibía con agrado el plan, pero cuestionó el momento en que apareció y la credibilidad de las promesas de apoyo. Fontes también manifestó frustración porque, según afirmó, la administración retiró a profesionales experimentados y desmanteló mecanismos de coordinación antes de presentarse de nuevo como un recurso federal.

La pérdida de cooperación puede limitar la capacidad de CISA para detectar riesgos más allá de las fronteras estatales, pues el intercambio de datos permitía advertir a otras jurisdicciones sobre actividad sospechosa. Un exfuncionario federal que ahora asesora a gobiernos estatales dijo que algunos ya no entregarían información a la agencia y que no estaba claro si la relación podría reconstruirse.

Las autoridades estatales sostienen que sus propios preparativos permitirán celebrar elecciones seguras, pero expertos y funcionarios temen que la falta de respaldo federal complique la respuesta a amenazas legítimas. También expresan preocupación por que Trump cuestione la legitimidad de los resultados si los republicanos no ganan en noviembre, en un contexto donde la agencia encargada de apoyar la ciberseguridad electoral enfrenta menos recursos y menor confianza de sus socios.


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