Por Hannah Pérez  

El nuevo decreto prohíbe el desarrollo de sistemas de identidad digital por parte de la administración pública hasta que la Unión Europea publique una normativa.

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El conflicto político entre el Gobierno de España y Cataluña está llegando al terreno de Blockchain.

Ayer entró en vigencia un decreto para adoptar medidas urgentes en función de la seguridad en materia de administración digital. Así lo señala el Boletín Oficial del Estado (BOE), en el Real Decreto-ley 14/2019.

Esta nueva normativa emitida por el Gobierno de España, pretende frenar el proyecto de “República digital” de la Generalitat de Cataluña. En palabras de Pedro Sánchez, presidente del Gobierno de España, el decreto tiene como objetivo “poner punto y final al proyecto independentista de la República digital“.

Entre los diversos cambios que trae consigo el decreto, se impedirá el uso de la tecnologías de registro distribuido en sistemas de identidad digital. La prohibición hace referencia directa al proyecto del Gobierno de Cataluña «Estrategia Blockchain» , cuyo objetivo es llevar la tecnología a la administración pública.

Freno a proyecto Blockchain

Entre las iniciativas innovadoras del proyecto Blockchain de Cataluña, se incluía la creación de la plataforma IdentiCAT, un sistema de identificación descentralizado cuyo desarrollo se pondría en marcha en 2020.

Como informó DiarioBitcoin, el proyecto perseguía la autogestión ciudadana de datos a través de un sistema de identidad descentralizada. Por su parte, el consejero de Políticas Digitales, Jordi Puigneró había explicado que el sistema no pretendía sustituir el DNI catalán, y que el registro de información sería voluntario.

Sin embargo, para respaldar la inadmisibilidad de este proyecto, la nueva normativa especifica que el Documento Nacional de Identidad (DNI) es “el único documento con suficiente valor por sí solo para la acreditación, a todos los efectos, de la identidad y los datos personales de su titular“. Para ello se modificó la “Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana“, reservándole al Gobierno el derecho de autorizar sistemas de identificación diseñados por la administración pública.

En el reciente Boletín del Decreto, se lee:

“Por último, el artículo 3 del presente real decreto-ley incorpora una disposición adicional sexta a la Ley 39/2015 […]no podrán ser autorizados, los sistemas de identificaciones basados en tecnologías de registro distribuido y los sistemas de firma basados en los anteriores, en tanto que no sean objeto de regulación específica por el Estado en el marco del Derecho de la Unión Europea“.

En servidores de la UE

Entre otras directrices del Decreto, que modifica hasta seis leyes distintas en función de la “seguridad pública“, la norma obliga a que los servidores de entidades públicas que recojan y administren datos personales se alojen en territorio de la Unión Europea (UE). Asimismo, para aquellos sitios web de organismos públicos que manejen datos más sensibles de la ciudadanía, deberán radicarse en territorio español.

En esta línea, se prohíbe la implementación de la tecnología Blockchain en los sistemas de identidad públicos, hasta que exista una normativa por parte de la Unión Europea en cuanto a su aplicación especifica a procesos administrativos de organismos públicos. Esta medida supone que el Estado español se atribuye el ejercicio como autoridad intermediaria en sistemas de identificación basados en la tecnología.

De acuerdo con varios medios locales, el objetivo del Decreto y su directa prohibición al proyecto de identidad digital de la Generalitat responde a la preocupación de que la comunidad independiente española utilice este sistema para dirigir un referéndum digital y crear sus propias funciones de Estado.

Críticas

El consejero de la Generalitat, Jordi Puigneró, respondió críticamente a la medida calificándola como un “golpe de Estado digital“. En este sentido, destacó que se trata de un retraso al progreso tecnológico y la consideró un ejercicio de censura.

Por su parte, en una entrevista al medio El País, Miguel Pérez Subías, ingeniero de telecomunicación y presidente de la Asociación de Internautas opinó “no se pueden prohibir las tecnologías”; además de señalar que el decreto “no soluciona el problema que pretende atajar y puede resultar peligroso”.

Por último, lo que ha resultado lo más polémico del Decreto, la modificación de la “Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones”, también ha sido gran objeto de críticas. Este cambio establece que “el Gobierno, con carácter excepcional, podrá acordar la intervención de las redes y servicios de comunicaciones en determinados supuestos excepcionales que puedan afectar al orden público y la seguridad nacional“.

La medida ha sido tachada por muchos como “inconstitucional” y ha provocado temores sobre posibles ataques a la libertad de expresión e información. Muy posiblemente, la estrategia para frenar “posibles amenazas cibernéticas a la Seguridad Nacional” busque vincular páginas web como defensaexili.org o la app de Tsunami Democrático, el grupo de protesta independentista catalán, a representantes políticos de la Generalitat, permitiendo detenciones y cierres de las plataformas.

 

Fuentes: BOE, El País, El Confidencial, Genbeta

Nota de Hannah Estefanía Pérez / DiarioBitcoin

Imagen del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, tomada de Youtube

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